Luego de diez años de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, la Naturaleza ha sido incluída como sujeta de derechos en la legislación de más de 35 países, una decena de ellos en Latinoamérica. Sin embargo, esto apenas ha conseguido aumentar parcialmente la protección efectiva de los ecosistemas frente a una nueva oleada de extractivismos mineros, petroleros y energéticos. En Colombia, un país con décadas de conflictos internos, violencia armada y altos niveles de corrupción, las sentencias proferidas por diversas instancias jurídicas, desde jueces civiles hasta la Corte Constitucional, han declarado decenas de ríos, páramos, parques nacionales naturales y hasta regiones enteras como sujetos de derecho, atribuyendo al Estado el deber de protegerlas y conservarlas; esta función ya estaba contemplada en la Constitución Política de 1991 como parte del  derecho ambiental,  pero sigue sin ser garantizada.

Con cinco siglos de colonialismo extractivista, la Naturaleza en Latinoamérica  y sus prominentes niveles de biodiversidad, resiste en regiones asociadas a la diversidad étnica y cultural,  donde políticas y leyes favorecen más a las empresas exportadoras de Naturalezas fragmentadas, que a sus defensores y guardianes milenarios. Esto pone en evidencia que los nuevos sujetos, las Naturalezas en su valor intrínseco, se encuentran desprotegidas por parte de gobiernos e institucionalidades, que lejanas a las realidades territoriales, a los saberes populares y tradicionales, se han movido  en torno a dinámicas e intereses económicos neoextractivistas, en abierta y desigual competencia con los criterios ecológicos, cada vez más apremiantes e ineludibles. 

La aprobación de constituciones y leyes que reconocen nuevos sujetos de derecho en Latinoamérica, sin duda proveen un marco para la transformación de la relación entre las personas, los Estados y las Naturalezas, pero, mientras persistan relaciones económicas que vean a la naturaleza como recursos, serán las sociedades y sus organizaciones las que han de transitar hacia el restablecimiento de las relaciones productivas, culturales y ecológicas distintas. 

Para que las realidades locales, nacionales y regionales puedan llevar a la práctica la idea de que los entes de la Naturaleza cuenten con personalidad ante la ley y gocen de derechos, será necesario rebasar la novedad jurídica, que ante la catástrofe climática, sanitaria y agrícola, va decantándose y ya no representa una osadía, sino más bien, se proyecta desde hace una década como un giro radical pero ineludible en el que, el reconocimiento de otras formas de valoración e interpretación de las Naturalezas, diferentes a su objetivación y mercantilización, serán imprescindibles. 

En este desafiante aprendizaje colectivo, Latinoamérica cuenta con referentes de alcance milenario: en la selva, la cordillera y la mata atlántica se mantienen vivas formas de habitar que relacionan a comunidades, territorios y Naturalezas de maneras, si no perfectas, al menos mucho más armoniosas que las de la explotación industrial a gran escala y el consumismo capitalista. En países con cientos de culturas nativas y territorios ancestrales que perduran a pesar de los embates de la civilización occidental, será necesario darle lugar a los saberes hasta ahora invisibilizados, desvalorados y descontextualizados por las ciencias y sus discursos oficiales; para dar paso a sociedades plurales y biodiversamente centradas, habrá que profundizar el diálogo y la cooperación entre diferentes cosmovisiones que le permitan a todos los seres salir de la exclusión y persecución para reclamar su dignidad como parte de la comunidad de vida en la que somos interdependientes. 

Para lograr este reconocimiento radical de la diversidad, hace falta una educación no centrada en “el hombre” moderno (occidental, civilizado, patriarcal, exitoso…), o hecha con el pensamiento  de la civilización hegemónica (extractivista, colonial, devastadora…) sino orientada a la pluralidad y sensible a la permanencia de numerosas cosmovisiones, que siendo muy complejas y distintas, relacionan en sus narrativas/estructuras o Leyes de Origen, a todos los seres de la Naturaleza, sus saberes y sus sentidos de vida; una educación enfocada en la comunidad de seres de la Naturaleza. 

En una educación así, que honre las memorias profundas, enriquezca con certezas muy antiguas una nueva perspectiva de la identidad y que reivindique caminos alternativos al desarrollo y al crecimiento económico ilimitado, será clave el corazonar, la intuición y otras pautas de acceso al territorio interior, donde reposa la capacidad de percibir la profundidad y la verdadera naturaleza salvaje. La apuesta inicial por un Campus de los Derechos de la Naturaleza (DDNN) nos remite a un cuestionamiento sobre las creencias, el sentido común, las relaciones que construyen nuestras identidades.